A nivel internacional, el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292[1],
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la
transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los
países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
Así mismo, en noviembre de
2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General
nº 15[2] sobre
el derecho al agua que establece que "El derecho humano al agua es
indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también
define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso
personal y doméstico.
No obstante, las cifras
son alarmantes. El informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al
agua y saneamiento estima que existen 1.800 millones de personas que no tienen
acceso a agua potable, 2.500 millones no tienen inodoros, tanques
sépticos, redes de alcantarillado por tuberías ni otros medios y 1.100 millones
de personas siguen defecando al aire libre. La falta de agua limpia y
saneamiento tiene grandes impactos en la salud humana. Se calcula, por ejemplo,
que anualmente se pierden 260.000 millones de dólares por carencia de
acceso a saneamiento. También se pierden 443 millones de días escolares por
enfermedades de origen hídrico.[3] Sin embargo, se estima cada dólar
invertido en agua y saneamiento en regiones en desarrollo genera una
rentabilidad de entre 5 y 28 dólares.[4]
Según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se precisan entre 50 y 100 litros de
agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas.
Sin embargo, la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano se ve
afectada con la creciente población y por los efectos del cambio climático. Las
extracciones de agua se triplicaron en los últimos 50 años y se estima que la
demanda de agua para la producción de alimentos se duplicará para el 2050. Los
expertos en cambio climático pronostican que para el 2030 la mitad de la
población mundial vivirá en zonas donde la presión sobre los recursos hídricos
será muy elevada.
Las afectaciones a los
sistemas biogeoquímicos son responsabilidad de la acción del ser humano bajo
una lógica que apuesta por un crecimiento económico al infinito en un planeta
finito.
El extraordinario
incremento en la demanda de recursos y energía de la humanidad ha
provocado grandes transformaciones en los ecosistemas y en los ciclos físicos y
biogeoquímicos a escalas local y global cuyas consecuencias no han podido ser
determinadas aún en toda su extensión.
Al margen de lo anterior,
la sustentabilidad apuntaría al desarrollo del ser humano como tal si ésta es
entendida como aquella variedad de sociedades culturalmente distintas, que se
reconocen como parte de la naturaleza y por lo tanto, aunque pretenden una
mejor calidad de vida, al mismo tiempo reconocen y operan dentro de las
fronteras ecológicas planetarias, siendo consecuentemente cada vez más
ahorradoras, socialmente más justas, menos reactivas y más preventivas.
[1] Resolución A/RES/64/292, Asamblea General de las Naciones Unidas,
julio de 2010
[2] Observación General No. 15, El derecho al agua, Comité de Naciones
Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, noviembre de 2002.
[3] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2006, Más
allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, 2006.
[4] Resolución A/HRC/24/44, Asamblea General de
las Naciones Unidas, julio de 2013. Informe de la Relatora Especial sobre el
derecho humano al agua potable y saneamiento, Catarina de Albuquerque.
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